Hace exactamente ocho meses, el presidente Nasry Juan Asfura asumió la Presidencia de Honduras, en un momento crucial para la democracia hondureña, que nuevamente había experimentado los zarpazos y los renovados intentos de Manuel Zelaya y su camarilla de trasnochados de interrumpir y descarrilar el proceso electoral y, con ello, imponer su fracasado proyecto socialista.
Tras la incertidumbre que rodeó el proceso de declaratoria y la toma de posesión de la nueva administración, los hondureños respiraron aliviados de que la democracia tuviese una nueva oportunidad frente a los malévolos planes de Zelaya y sus adláteres.
La llegada del nuevo gobierno de Asfura generó mucho optimismo por su exitoso desempeño como alcalde de la capital durante el periodo 2014-2022; además, concitó la expectativa de que el país retomaría su rumbo de crecimiento, recuperaría la confianza y retornaría a la paz después de cuatro años de permanente polarización, confrontación y malas decisiones.
Pero, como dicen por la víspera se conocerá la fiesta. El gobierno comenzó dubitativo, con el nombramiento a cuenta gotas del gabinete, como si no hubiesen estado seguros del triunfo en las elecciones y, por tanto, no hubiesen tenido conformado un gabinete en las sombras. Eso llevó semanas y meses y provocó que el Gobierno arrancara tarde y con vacíos en algunas áreas claves, precisamente aquellas en las que se necesitaba mayor capacidad de respuesta.
Las primeras acciones del nuevo presidente se centraron en recuperar la confianza de su socio Estados Unidos, deteriorada durante la administración de Xiomara Castro; el retorno de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI); la reducción del aparato estatal mediante el cierre de varias instituciones y secretarías, y la declaratoria de emergencia en el sector salud para atender la mora quirúrgica y el desabastecimiento de los hospitales.
En seguridad se anunció un plan inicial de combate al crimen y la extorsión que no logró cuajar durante los primeros meses y que tuvo que ser revisado y relanzado ocho meses después bajo una nueva estrategia, con la declaratoria de organizaciones criminales como grupos terroristas.
La intención era enfrentar con mayor contundencia a estructuras como la Pandilla 18, la MS y el denominado cartel del Diablo, organizaciones criminales que durante años han sembrado el terror, cobrado extorsiones y sometido a miles de hondureños.
La percepción de que la criminalidad le ha ganado la batalla al Gobierno se ha impuesto en la opinión pública, especialmente con el aumento de asesinatos de mujeres, 211 en lo que va del 2026 y 26 masacres hasta septiembre de este año.
De todos estos hechos violentos, la masacre de campesinos en Rigores, Colón y la masacre de policías en Corinto, Cortés, ha marcado la actual administración, y aunque se detuvo a los autores materiales todavía los responsables intelectuales siguen en la impunidad.
Pero en seguridad no basta con anunciar nuevas estrategias. La población exige resultados y, sobre todo recuperar la seguridad que se le ha robado.
En materia de empleo se aprobó una nueva ley de empleo parcial que terminó convirtiéndose en otra oportunidad perdida. La mayoría de las empresas que han cuestionado la normativa la consideran demasiado rigurosa, garantista e ineficaz, porque no se adapta a la realidad laboral del país ni a las necesidades de empresas que, por su propia naturaleza, necesitan contratar personal temporal, especialmente en turismo, call centers y la pequeña y mediana empresa.
Al margen de esa legislación, la política de empleo ha sido prácticamente inexistente. Y las cifras dibujan un panorama preocupante. Para el cierre de 2026 se estima que la tasa de desempleo pasará de 4 a 7%, marcando un deterioro del mercado laboral que podría alimentar nuevamente el masivo éxodo de hondureños hacia Estados Unidos, pese a las duras políticas migratorias de Donald Trump.
De hecho, al momento de escribir estas líneas ya se había reportado una nueva caravana de hondureños con destino a Estados Unidos.
La crisis de los combustibles y la galopante inflación que golpean a las familias hondureñas, agravadas por las repercusiones del conflicto bélico en Medio Oriente, también han dejado en evidencia la pobre y tardía capacidad de gestión del Gobierno.
A la fecha no existe una política suficientemente contundente de ahorro de combustibles y el presidente Nasry Asfura se resiste a medidas que podrían contribuir a aliviar temporalmente la pesada carga que soportan las familias hondureñas, como la reducción o eliminación temporal de algunos impuestos a los carburantes o el congelamiento del precio del diésel.
Otros países de la región como Guatemala ya han tomado medidas para amortiguar el impacto sobre los consumidores. Aquí, mientras tanto, seguimos esperando que San Juan levante el dedo.
Pero la cereza que colmó el pastel de los desaciertos ha sido justamente el manejo de la crisis en salud. Al momento de escribir estas líneas, ya han pasado cuatro semanas de huelga del gremio médico sin que se hayan resuelto sus principales demandas.
Las asambleas informativas de los médicos vinieron a agravar la permanente crisis del sistema sanitario, dejando a miles de pacientes sin atención médica: más de 13,000 solamente en el Hospital Escuela y más de 115,000 atenciones afectadas en los hospitales y clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), sin contar los demás establecimientos de la red sanitaria nacional.
Aquí tampoco hay que esconder responsabilidades. Los dirigentes médicos juegan con la vida de los hondureños cuando mantienen durante semanas paralizados los servicios de salud. Sus demandas pueden ser legítimas y deben ser escuchadas, pero ninguna reivindicación laboral puede colocarse por encima del derecho de un paciente a recibir atención médica, especialmente cuando se trata de una emergencia o de una persona cuya vida está en riesgo.
Pero tampoco el Gobierno puede lavarse las manos. La Secretaría de Salud ha demostrado una preocupante ineptitud para resolver el conflicto. Ha sido incapaz de encontrar una salida oportuna, de anticiparse a la crisis y de evitar que un conflicto laboral terminara convirtiéndose en un problema que afecta directamente a miles de pacientes.
Eso resulta todavía más grave si recordamos que este Gobierno llegó prometiendo resolver el desastre que le heredó Xiomara Castro en materia sanitaria.
Si pasamos revista a los resultados de la emergencia sanitaria declarada a inicios de año, los avances son magros y cuestionables. No hay resultados suficientemente claros y medibles de las cirugías subrogadas a hospitales privados; continúa el desabastecimiento de medicamentos en la red hospitalaria y la atención sigue siendo deficiente y precaria para una población que demanda algo tan elemental como recibir atención médica digna y oportuna. El éxodo de hondureños a El Salvador en busca de atención medica ha aumentado ante la precariedad del sistema hospitalario hondureño.
Ocho meses después, entonces, la pregunta es inevitable: ¿dónde está el cambio? ¿dónde está el gobierno que si hace?
Porque una cosa es anunciar del diente al labio que se va a cambiar el rumbo del país y otra, muy distinta, es demostrarlo con hechos tangibles y demostrables, y en este momento los logros escasean.
Hasta ahora, el Gobierno ha tenido más anuncios que resultados, más explicaciones que soluciones y más tiempo para justificar sus problemas que capacidad para resolverlos.
No se trata de negar los aciertos que haya podido tener la administración Asfura. Se trata de reconocer que, a ocho meses de haber asumido el poder, los resultados no están a la altura de las expectativas que generó su llegada al Gobierno.
Si nos ponemos a enumerar y contrastar todas las falencias de la gestión de Nasry Asfura con los aciertos, no terminaríamos y tendríamos que redactar una novela de varios tomos.
El tiempo se acaba y los últimos tres meses del año serán la última oportunidad para que el Gobierno demuestre que este arranque lento, dubitativo y plagado de problemas no es el reflejo de lo que será toda su administración.
Porque Honduras no eligió un Gobierno para que administrara problemas y las dificultades, ni para que justificara permanentemente por qué las cosas no se pueden hacer. Lo eligió para que gobernara, resolviera y produjera resultados.
Ocho meses después, el balance que queda sobre la mesa es incómodo, la esperanza con la que comenzó esta administración comienza a transformarse en un marcado desencanto ciudadano.
Si en los próximos meses no hay un golpe de timón serio, profundo y visible, Nasry Asfura corre el riesgo de que su gobierno sea recordado no por haber cambiado el rumbo de Honduras, sino por haber desperdiciado la oportunidad que los hondureños le dieron para transformar el país.
Ese será, finalmente, el verdadero juicio de estos ocho meses: no el que haga el Gobierno sobre sí mismo, sino el que hagan los hondureños cuando comparen las promesas con los resultados obtenidos hasta ahora.
